Cuando pronunció la galáctica frase «Andreita, coño, cómete el pollo», aún estaba lejos de convertirse en la choni número uno de España, un título que le ha dado más alegrías que a una miss lo suyo y le ha aupado a la peana de la reina del pollo frito, sin tener que hacer una banda de punk-rock como tuvo que hacer Ramoncín para alcanzar el mismo título. El de Vallecas, para certificar su liderato, se escribió el «Diccionario de términos chelis», pero ella, más lagarta, ha decidido que lo suyo es mover el tacón, lo mismo por los platós, los juzgados, que los quirófanos, en busca de un papel en una película de Almodóvar del que, por si cuela, ya se ha declarado devota. «De San Blas al cielo» podría titularse la peli, en la que la Esteban interpretaría a cualquier novia de Paquirrín, o a una Paris Hilton de andar por casa, con la que coincide en frases tan lapidarias como ésta: «No sé muy bien lo que soy... Soy una actriz, una marca, una mujer de negocios; soy todo tipo de cosas».

Al igual que la Hilton, el fenómeno lleva camino de convertirse en planetario. Primero fue la separación, y luego vinieron la reconciliación, el «yo por mi hija maaaa-to» y la operación de cara... pero nos queda por ver el embarazo, el retoño, el divorcio, el lifting, el nuevo novio, un rosario de aconteceres de interés público nacional, que le seguirán nutriendo la caja registradora sobre la que se ha sentado, sobre una alcantarilla. Confieso que espero con devoción que lance su marca de perfume. Prodigio de futuro que le espera. Ahora, con un solo gatillazo, ha conseguido ser la segunda búsqueda que más crece en Google, sólo superada por la muerte del jugador Chirs Henry. Google dice que los términos más buscados son «belén esteban nariz», seguido de «nueva belén esteban». ¿Qué decir? Pues... ¡cómete una paraguaya!, por ejemplo. Somos un país de gente intelectualmente inquieta -como se ve- y, sexualmente satisfecha -como hemos conocido-. Los problemas son para el CIS que los escruta. ¡País de chonis!

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Hace ahora poco más de dos años, el 20 de diciembre de 2007, se aprobaba la Ley del Cine en el Congreso de los Diputados. Una Ley que venía a reforzar el tejido industrial y el impacto cultural del cine español, pionera en el ámbito europeo al diferenciar y respaldar decididamente a los sectores independientes de la producción, la distribución y la exhibición. Una Ley que, además de otros muchos aspectos, aseguraba el carácter estatal del Fondo de Protección a la Cinematografía y planteaba nuevas ayudas, además de salvaguardar la cuota de pantalla destinada a las obras comunitarias. Medidas todas ellas articuladas para la mejora de nuestro cine, como así lo entendieron todos los Grupos Parlamentarios, cuya votación sobre la Ley fue unánime.

Han pasado tan sólo veinticuatro meses de su aprobación y cabe considerar que 2009 ha sido un año muy positivo para el conjunto de la cinematografía nacional. Cinco películas españolas han superado el millón de espectadores (Ágora, de forma especialmente destacada, con tres millones y medio; pero también Planet 51, Celda 211, Spanish Movie y Fuga de cerebros), mientras que Rec 2 y El secreto de sus ojos se quedaban muy cerca de esa cifra.

Como consecuencia, la cuota de mercado ha ido en ascenso: aunque los datos oficiales del control de taquilla llegan únicamente al 15 de noviembre, cuando estaba situada en el 13,9%, la progresión en este mes y medio ha sido espectacular, con un pico en el puente de la Inmaculada del 46,7%, por lo que puede estimarse que estaremos en un 15 ó 16% anual, un incremento considerable desde el 13,3% de 2008.

Pero ninguna cinematografía debe juzgarse únicamente por sus éxitos y fracasos comerciales, o estaremos entrando en la dinámica preferida del business puro y duro. Hay otra faceta imprescindible a la hora de efectuar una valoración, como es la cultural y, dentro de ella, la dimensión internacional que alcance un determinado medio artístico. En este sentido, el año ha resultado también sobresaliente. Comenzó en la Berlinale, donde la coproducción mayoritaria española La teta asustada, de Claudia Llosa, obtuvo el Oso de Oro, triunfo ratificado muy recientemente en La Habana. Nunca antes el Festival de Cannes había seleccionado tres películas españolas para su Sección Oficial (Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar; Mapa de los sonidos de Tokyo, de Isabel Coixet y, fuera de concurso, la ya citada Ágora, de Alejando Amenábar). Por su parte, San Sebastián daba el espaldarazo al cine pequeño español, al considerar a Javier Rebollo como mejor director por La mujer sin piano, también galardonada en Los Ángeles y Tirana; a Lola Dueñas y Pablo Pineda como mejores intérpretes en Yo, también, y a Los condenados, de Isaki Lacuesta como Premio de la Crítica. Poco antes de que Alberto San Juan fuese reconocido como mejor actor en Valladolid por La isla interior; y Gary Piquer obtuviera una recompensa similar en Mar del Plata por Mal día para pescar.

No me extenderé en la relación, que comprendería premios en otros numerosos festivales, con marcada incidencia en el terreno documental, donde el cine español ha proseguido la trayectoria de estima y prestigio que ha caracterizado las últimas temporadas. Sirva la cita del galardón a Alberto Iglesias entre los compositores europeos y la nominación de Los abrazos rotos como mejor película extranjera en los Globos de Oro (selección en la que también figura Penélope Cruz, pero por un filme norteamericano, Nine) para cerrar este apartado de notable relevancia en el año que concluimos. No por casualidad alguien de la creatividad y la experiencia internacional del maestro Gil Parrondo declaraba recientemente que «el cine español está al mismo nivel que cualquier cinematografía importante del mundo».

Una buena base para mirar al futuro con optimismo. Futuro para el que considero básico lograr unos objetivos que me atrevo a resumir en esta suerte de decálogo:

1.- Un pacto entre todos los partidos políticos, esencialmente PSOE y PP, para llegar a la deseada consideración del cine español como «cuestión de Estado».

2.- Un gran acuerdo con la distribución y la exhibición al fin de que el cine español se vea realmente en toda España, y no sólo en las grandes ciudades.

3.- Una reducción efectiva de la piratería audiovisual.

4.- Un esfuerzo renovado para que las televisiones y los bancos recuperen su confianza en nuestro cine.

5.- Una más justa retribución a guionistas, actores, técnicos y otros profesionales, no exclusivamente para las «estrellas» de cada sector.

6.- Un fuerte apoyo al proceso de digitalización de las salas independientes.

7.- Un paso adelante en la cooperación dentro del marco iberoamericano, con atención específica a las coproducciones.

8.- Una presencia de la industria mucho más continuada y, por tanto fructífera, en los mecanismos e iniciativas de ámbito europeo.

9.- Una política decidida de insertar la enseñanza del lenguaje del cine y de su historia en el sistema educativo.

10.- Una voluntad común para mejorar la imagen del cine español en los medios de comunicación.

Es verdad que se ciernen densos nubarrones sobre el cine español, persisten o se generan graves problemas, pero, quizá llevados del espíritu navideño, démonos una alegría y cierto respiro. Porque una cinematografía que ha dado a Buñuel, a Berlanga y Bardem, a Fernán-Gómez y Azcona, a Saura y Erice, a Gutiérrez Aragón, Trueba o Almodóvar -entre tantos otros y por no citar a los más jóvenes-, no debe desfallecer. Nada ha sido peor que el franquismo y su censura: se superarán todos los impedimentos, los disparates varios, las miles de dificultades que surjan en el camino. Porque una expresión tan rotunda de nuestra identidad, de nuestra diversidad cultural, siempre estará viva. Pese a quien pese.

Fernando Lara es escritor y periodista especializado en cine

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Parafraseando a Shakespeare, algo podrido huele en Internet para un Gobierno que trata de impulsar una regulación que permite el cierre de páginas web sin intervención judicial y por la puerta trasera de una disposición final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ¿Por qué los ciudadanos no pueden asistir con transparencia a un debate legal, amplio, específico y pormenorizado que trate de encontrar un punto de equilibrio y de justicia entre todos los sectores en liza? ¿A qué, o a quién, tiene miedo el Gobierno debatiendo con luz y taquígrafos sobre ello? ¿Por qué expulsa del debate público este asunto y lo coloca marginalmente, y de tapadillo, dentro de una descomunal y alambicada Ley de Economía Sostenible? Es más, ¿qué extraño sentimiento de culpabilidad fluye por los meandros ideológicos del PSOE cuando sus terminales intelectuales defienden que debe primar la defensa de la propiedad sobre la libertad, achacando a renglón seguido al Partido Popular que no cree en la primera y que manipule la segunda? ¿Qué está pasando en el Gobierno de Zapatero para que tenga que recordársele por boca de Gregorio Peces-Barba, ponente constitucional y uno de los intelectuales más relevantes y prestigiosos de la izquierda democrática española, que, de acuerdo con nuestra Carta Magna, ha de ser un juez quien "valore la violación posible de la propiedad intelectual en una página de un ordenador"?

Demasiadas preguntas y pocas respuestas razonadas en el marco de un examen democrático, sosegado y sensato, que proponga una estrategia consensuada y eficaz que haga frente a las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual en el entorno digital. Una estrategia ambiciosa que trasciende a medidas segmentadas y provisionales, ya que requiere algo que este Gobierno acredita cotidianamente no tener: capacidad de liderazgo. Precisamente, en la gestión del problema que nos ocupa el liderazgo es fundamental. Sin él no podrá abordarse eficazmente el problema de la piratería digital. Ésta exige medidas consensuadas y desprovistas de condicionantes partidistas. La lucha contra aquélla es una cuestión de Estado, porque la piratería daña la propiedad intelectual, menoscaba la seguridad jurídica que requieren nuestras industrias de contenidos para desarrollar sus modelos de negocio en la Red y, sobre todo, genera desempleo que, en un momento de crisis, es una sangría inaceptable en términos personales y profesionales.

Por todo ello, la gravedad y complejidad del asunto debe abordarse mediante un liderazgo que doblegue las dificultades con energía inteligente y sentido común. Un liderazgo que contribuya a que los sectores implicados -industrias de contenidos, operadores tecnológicos y usuarios- se pongan de acuerdo en una solución global. Un liderazgo que sume, haciendo que todos pongan algo de su parte a la hora de adaptarse a la cultura digital. Pero, sobre todo, que impulse una regulación de los derechos de autor que, al mismo tiempo, sea capaz de proteger efectivamente a las industrias de contenidos; de abaratar el ADSL; de favorecer decididamente los nuevos modelos de negocio en la Red y, finalmente, de fijar un marco de garantías legales y judiciales que permita a los usuarios de Internet sentirse protegidos en sus derechos. Es decir, un liderazgo que dé la cara en la tribuna pública y que argumente buscando un equilibrio legal integrador. Un liderazgo transparente, que no se esconda debajo de la capucha de un secretismo de gabinete presidencial que, incluso, es capaz de ocultar a los ministros lo que se negocia y discute en su nombre. En fin, un liderazgo virtuoso y democrático que dé ejemplo de responsabilidad para exigirla, que no culpe a la oposición de sus errores y que esté al servicio de una política que no tenga miedo a convencer y razonar parlamentariamente, ya que es capaz -como decía Harrington, uno de los pensadores del republicanismo inglés- de buscar los medios para que los ciudadanos no "tomen aquello que más desean, sino que se comporten cortesmente en la mesa pública y ofrezcan lo mejor de sí mismos a la decencia y al interés común".

Quien vea estas exigencias como un intento de demonizar los creadores, se equivoca. Como se equivoca quien piense que se insinúa con ello una confrontación de modelos republicano y neoliberal sobre Internet. Baste decir que afirmar ambas cosas a la vez es, una de dos, no entender ninguna de ellas o querer introducir un velo de confusión muy del gusto de los lectores aventajados de Lakoff. Un velo, por cierto, insuficientemente virtuoso en términos cívicos porque dificulta cualquier debate clarificador y entorpece cualquier consenso en torno a la elaboración de una ley específica que regule la protección de los derechos de autor y que incluya acciones cautelares judiciales en su defensa. Aquí habría que recordar que la virtud pública está siempre al servicio de un ideal de equilibrio, que en este caso habría de ser de derechos. Un equilibro que dé más libertad a los usuarios de la Red, más propiedad a los dueños de contenidos y más legalidad al conjunto de los ciudadanos. Un equilibrio que busque ser una conquista de la razón frente a la arbitrariedad, que trate de proteger eficazmente la propiedad intelectual, pero exigiendo que las medidas que se adopten impliquen una acción cautelar de naturaleza judicial, pues, si no, ¿cómo conciliar un conflicto de derechos en los que un inocente puede ser víctima de una arbitraria intervención administrativa que lesione su presunción de inocencia, su intimidad y su libertad de expresión?

Lo alarmante de este asunto es que empieza a ser recurrente por parte del Gobierno este empeño. No sólo en el objetivo de regular Internet sin control judicial, sino también en el uso de un secretismo que trata de eludir frontalmente el debate público. Aquí hay que recordar que hace un año el PSOE se deslizó por el tobogán de la arbitrariedad mediante una regulación parecida a la que ahora se debate. Entonces lo hizo a través de una Proposición No de Ley que quería "ordenar la circulación de contenidos en Internet para hacer frente a la piratería cultural", y sin que mediase un debate legal específico y, por supuesto, sin intervención judicial. Y un año después ha vuelto a la carga. ¿Por qué? Probablemente porque el Gobierno de Zapatero prefiere una mala solución a reconocer públicamente que es el único responsable de que nuestro país haya sido incluido por segundo año consecutivo en la Watch List 301 del caucus anti-piratería del Congreso de Estados Unidos, formando parte del G-28 de la piratería junto a países como Bangladesh, Bielorrusia, Bulgaria, Nigeria, Kazajastán, Pakistán, Malaysia o Filipinas. Aquí, seguramente, algo tendrá que ver que el Plan Integral de Lucha contra la Piratería aprobado en 2005 por el Gobierno de Zapatero no haya sido dotado suficientemente en los últimos años, incumpliendo así, entre otros compromisos contenidos en él, la obligación de dotar de recursos a la Administración de Justicia para que los jueces y fiscales pudieran especializarse en este campo.

No cabe duda de que España necesita dar seguridad jurídica a la creación en general y a las industrias de contenidos que utilizan ese soporte universal que es el castellano. Probablemente, el futuro estratégico de nuestro país está subordinado al acierto o al fracaso institucional con el que abordemos esta cuestión. Si queremos tener éxito en la gestión de este asunto hay que ser ambiciosos y desplegar una política de Estado que potencie la internacionalización de nuestras industrias culturales, que proteja eficazmente la creación y que despolitice la cultura, pero en la línea de interpretar ésta como un espacio de libertad respetuosa con la creación misma, asumiendo aquello que Claudio Magris afirma cuando apela a la humildad responsable del creador de saber que, al poner su nombre al servicio de una causa, la que sea, lo hace no como creador, sino como un ciudadano más. Con esta exigencia de despolitización no se trata de neutralizar la cultura, sino de evitar su ideologización partidista, que es otra cosa muy distinta. España necesita elaborar una Ley de Propiedad Intelectual que esté a la altura de las circunstancias y que se adapte a los cambios tecnológicos de nuestro tiempo. Una Ley que proteja la creación y la autoría, que lo haga con celeridad, inmediatez y contundencia, pero respetando las garantías que exige el Estado de derecho y, de paso, cumpliendo aquello que Montesquieu exigía al legislador: que fuera sabio al tener un prudente conocimiento del espíritu general de su propia sociedad pues, de lo contrario, sus leyes serán como disparos en la noche.

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Si el recorrido sentimental, por llamarlo de algún modo, de Clint Eastwood es tan abundante, florido e inenarrable como un maratón por la selva amazónica, su ruta cinematográfica es aún más digna de estupor... Y vista ahora, su filmografía es una panorámica de montañas, una cordillera, una confusión de picos y valles, de alturas y laderas.

Eastwood no empezó a ser Eastwood hasta que dejó la serie de televisión que le dio fama, «Rawhide», donde demostró que su trayecto hasta la interpretación no sería corto. Fue cuando llegó Leone, ese tipo gordo y poco aficionado al aseo que le proporcionó la percha perfecta en su trilogía de spaghetti westerns, «Por un puñado de dólares», «La muerte tenía un precio» y «El bueno, el feo y el malo». Y a partir de ahí, Clint nunca dejaría ya de ser Clint, aunque enriqueciera su figura con los más diversos elementos.

Creó su propia productora, Malpaso, y se creó a sí mismo como director (en 1971 dirige «Escalofrío en la noche»), y al tiempo creaba también la horma de su zapato, el detective Harry Callahan (con Don Siegel)... «Harry, el sucio», «Harry el fuerte», «Harry, el ejecutor»...

A mediados de los ochenta hace implosión y se rompe hacia dentro con su primera obra maestra, «Bird» (aunque ya había hecho, para muchos, la auténtica implosión con «El jinete pálido»). El oscuro retrato que hizo del músico Charlie Parker ya anunciaba la negrura casi insoportable de «Sin perdón» (con la que se le puso el mundo de espaldas para que le rascara la tripa) y la auténtica maestría de sus obras mayores, como «Los puentes de Madison», «Mystic River», «Million Dollar Baby», el «pack» de Iwo Jima y, en especial, «Gran Torino», tan insultantemente buena y definitiva que la Academia de Hollywood la honró con su máximo reconocimiento: el estruendoso silencio.

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